¿Por qué han sido absueltos los gestores de Series Yonkis?

Fundada en 2007, Series Yonkis era una web española que, hasta 2014, proporcionaba hipervínculos de series de televisión y películas organizadas y clasificadas según distintos criterios. A menudo incluían su sinopsis y póster, y un foro de discusión para los usuarios. Los enlaces redirigían a los usuarios a cyberlockers como Megaupload, donde podían acceder al contenido audiovisual.

PRIMERA INSTANCIA

En junio de 2019, el Juzgado de lo Penal número 4 de Murcia dictó sentencia por la que absolvió tanto al creador de la web original (Alberto García Sola) como a los compradores del dominio (Alexis Hoepfner, Jordi Tamargo y David Martínez).

En primera instancia, la parte acusatoria, que se dividía entre la Fiscalía, solicitando dos años de prisión y unos daños a los productores que rondan entre los 160 y 170 millones de euros; y la acusación particular, representada por dos entidades de gestión (EGEDA y la ahora desaparecida FAP), solicitando hasta cuatro años de cárcel, además de una cuantiosa reclamación dineraria que superaba los 500 millones de euros.

Esta acusación se basaba en la infracción de presuntos delitos contra la propiedad intelectual y por actuar “con ánimo de lucro y a sabiendas de lo ilícito de su actividad”, debido a la amplia presencia de anuncios publicitarios en estas webs, que demostraría las intenciones ilícitas de sus dueños.

Sin embargo, el tribunal estimó que, aun quedándose probado la web contenía enlaces o hipervínculos estructurados, ordenados y clasificados según diferentes criterios y se limitaban a redirigir a megaservidores externos, no se incluía ningún tipo de contenido audiovisual. Esto es, el objetivo de la web no era otro que el de publicar enlaces que conducían a otros servidores donde se alojaban las obras.

De hecho, citando la sentencia,

“no consta probado que los acusados tuvieran control sobre el funcionamiento correcto o no del enlace que redireccionaban, ni que se cercioraran en todo momento de que el mismo se encontraba operativo y permitía el efectivo acceso al contenido audiovisual. No consta probado que ninguno de los cuatro acusados obtuviera ingresos económicos directos derivados del número de descargas del material audiovisual protegido (beneficios que eran obtenidos por el uploader)”.

Y todo esto se basa en el principio de legalidad, por el que, como sabemos, no se puede condenar a alguien cuando esa conducta no está debidamente penalizada en el momento de los hechos.

La facilitación activa no autorizada de hipervínculos o enlaces a obras protegidas por derecho de propiedad intelectual no era delito en la fecha de los hechos, ya que no fue hasta la reforma del código penal de 2015, por la cual una web de enlaces es delictiva.

RECURSO A LA AUDIENCIA PROVINCIAL

Tanto el Ministerio Fiscal, como las productoras Warner Bros, Paramunt Pictures y Universal Studios y Egeda recurrieron dicha sentencia del Juzgado de lo Penal de Murcia ante la Audiencia Provincial, la cual la ha ratificado y ha absuelto a los cuatro acusados.

Esta Órgano en su sentencia recuerda que en primera instancia quedó determinado como hecho privado que la web “no tenía constancia de que tuvieran conocimiento del origen ilícito de la información a la que remitían ni que la misma lesione derecho alguno, ni de la ilicitud de la actividad desarrollada por la página”.

Además, alega la Audiencia Provincial que los usuarios eran conocedores “del redireccionamiento y de que la descarga o visionado en streaming se realizaba en una página web diferente de aquélla que contenía el enlace”.

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL DE 2015

Como hemos mencionado antes, en primera instancia se absolvió a los acusados ya que la web estuvo abierta en un período previo a jurisprudencia sobre el enlazado de páginas web que contienen descargas de contenidos protegidos con copyright, por lo que no puede dictaminarse como hecho constitutivo de delito.

Esta reforma modificó el artículo 270 de nuestro Código penal, en relación con la comunicación pública y las páginas web con enlaces. Según el artículo 20.1 de la Ley de Propiedad Intelectual “se entenderá por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas”.

De esta forma, la nueva redacción del art. 270.2 CP dictamine que se impondrá la misma pena que en el apartado anterior “a quien, en la prestación de servicios de la sociedad de la información, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, y en perjuicio de tercero, facilite de modo activo y no neutral y sin limitarse a un tratamiento meramente técnico, el acceso o la localización en internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos o de sus cesionarios, en particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y contenidos referidos anteriormente, aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados inicialmente por los destinatarios de sus servicios”.

Esta reforma, sin embargo, hay que entenderla con la Circular 8/2015 de la Fiscalía General del Estado, en diciembre de 2015, por la cual resulta considerar el tipo de enlace para tipificar el hecho como acto de comunicación pública. El concepto de comunicación pública en el caso de las páginas de web que contienen enlaces, como dictaminan dos sentencias del TJUE, “es un concepto que debe interpretarse de modo amplio con el fin de garantizar un elevado grado de protección de los titulares de derechos de autor”.

Por ello, para que exista un acto comunicación, en principio bastará con que la obra se ponga a disposición de un público de tal forma que quienes lo compongan puedan acceder a ella, sin que sea decisivo que dichas personas utilicen o no esa posibilidad.

No obstante, para que dicha acción se tipifique como infracción de derechos de propiedad intelectual con trascendencia penal, deberá dirigirse a un público nuevo, distinto a aquél al que se dirigían los titulares de los derechos de autor. Es decir, concurrirá este requisito en todos aquellos supuestos en los que, de forma irregular, se confiera a la obra un ámbito de difusión más allá del autorizado por el titular de los derechos sobre la misma.

Por último, la Fiscalía General del Estado interpreta el ánimo de lucro como requisito necesario para la tipificación del delito, que debe ser proveniente de la misma actividad, no necesariamente de los usuarios Ánimo de lucro comercial (proveniente de actividad, no necesariamente de usuarios).

WEBGRAFÍA

https://www.eldiario.es/tecnologia/audiencia-provincial-murcia-absuelve-acusados-series-yonkis_1_7270338.html

https://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=fiscalia&id=FIS-C-2015-00008

Juan Fernández Merino

Graduado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Doble Máster en Abogacía y Propiedad Intelectual por la Universidad Pontificia de Comillas.

Puntuación: 1 de 5.

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