Reincidencia: ideas desde la suspensión de la pena

Introducción

La reincidencia como agravante en nuestro Derecho penal es una cuestión bastante asentada. La encontramos a través tanto de su configuración como agravante genérica (artículo 22 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal) como la agravante específica en determinados delitos.

Para poder comprender la aplicación de esta agravante, debemos remontarnos al artículo 66 del Código Penal. El mismo recoge dos posibles aplicaciones de la agravante genérica de reincidencia: el caso del apartado tercero y del apartado quinto. Mientras que el artículo 66.1.3 del Código Penal establece que cuando concurra sólo una o dos circunstancias agravantes, aplicarán la pena en la mitad superior de la que fije la ley para el delito, el artículo 66.1.5 del Código Penal prevé penas que llegarían hasta la pena superior en grado:

“Cuando concurra la circunstancia agravante de reincidencia con la cualificación de que el culpable al delinquir hubiera sido condenado ejecutoriamente, al menos, por tres delitos comprendidos en el mismo título de este Código, siempre que sean de la misma naturaleza, podrán aplicar la pena superior en grado a la prevista por la ley para el delito de que se trate, teniendo en cuenta las condenas precedentes, así como la gravedad del nuevo delito cometido. A los efectos de esta regla no se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo”.

Si quieres conocer más en específico sobre la agravante de reincidencia, te invito a leer esta publicación que realicé en el Blog “Criminal Fact”, disponible clickando en este enlace.

La perspectiva de la suspensión

La agravación en consecuencia de la pena puede ser muy, muy relevante. Ello comprende que existe una condena anterior a la que se impone ahora, y puede tener especial importancia, principalmente, a la hora de hablar de la suspensión de la pena privativa de libertad recogida en el artículo 80 del Código penal. Ello desde una doble perspectiva: en primer lugar, nos encontramos con que uno de los requisitos del artículo 80 es que el condenado haya delinquido por primera vez; y en segundo lugar, con la agravación de la pena, para los casos en los que el delito acabe siendo fallado con una pena superior a los dos años, segundo de los requisitos del artículo 80.2.

Los jueces o tribunales, mediante resolución motivada, podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos. Para adoptar esta resolución el juez o tribunal valorará las circunstancias del delito cometido, las circunstancias personales del penado, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho, en particular su esfuerzo para reparar el daño causado, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas. 2. Serán condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de la pena, las siguientes:

1.ª Que el condenado haya delinquido por primera vez. A tal efecto no se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes o por delitos leves, ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o debieran serlo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 136. Tampoco se tendrán en cuenta los antecedentes penales correspondientes a delitos que, por su naturaleza o circunstancias, carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos futuros.

2.ª Que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años, sin incluir en tal cómputo la derivada del impago de la multa.

3.ª Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado y se haya hecho efectivo el decomiso acordado en sentencia conforme al artículo 127. Este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el decomiso acordado, y sea razonable esperar que el mismo será cumplido en el plazo prudencial que el juez o tribunal determine. El juez o tribunal, en atención al alcance de la responsabilidad civil y al impacto social del delito, podrá solicitar las garantías que considere convenientes para asegurar su cumplimiento.

En consecuencia, nos encontramos con que la reincidencia en los hechos puede dar lugar a que exista un cumplimiento efectivo de la pena de prisión impuesta, ya sea porque el condenado ya no cumple el requisito del artículo 80.2.1º, o ya sea porque la condena al aplicarse la agravante supera los 2 años de prisión, como ha ocurrido por ejemplo en el caso de Pablo Hasel, al respecto del cual ya escribí esta misma semana en este mismo blog.

Suspensión extraordinaria

Sin embargo, la suspensión ordinaria no es la única que regula nuestro país. La regulación vigente del Código prevé otras suspensiones, entre ellas, la suspensión excepcional del artículo 80.3 del Código penal.

Excepcionalmente, aunque no concurran las condiciones 1.ª y 2.ª del apartado anterior, y siempre que no se trate de reos habituales, podrá acordarse la suspensión de las penas de prisión que individualmente no excedan de dos años cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen.

En estos casos, la suspensión se condicionará siempre a la reparación efectiva del daño o la indemnización del perjuicio causado conforme a sus posibilidades físicas y económicas, o al cumplimiento del acuerdo a que se refiere la medida 1.ª del artículo 84. Asimismo, se impondrá siempre una de las medidas a que se refieren los numerales 2.ª o 3.ª del mismo precepto, con una extensión que no podrá ser inferior a la que resulte de aplicar los criterios de conversión fijados en el mismo sobre un quinto de la pena impuesta.

Para estos casos, la Ley prevé que la suspensión lleve aparejada el cumplimiento de otras medidas. Entre estas, se encuentra un posible acuerdo de mediación, para el caso en que las partes hayan llegado a una solución extrajudicial, y también la multa o los trabajos en beneficio de la comunidad, previstos como pena para determinados delitos.

Sin embargo, el propio artículo 80.3 también exige que las penas de prisión no excedan individualmente de los dos años de prisión, por lo que para determinadas suspensiones sería necesaria la aplicación de figuras como el indulto parcial.

La reincidencia con pena ya suspendida

Otro supuesto que no debemos dejar pasar a este respecto es qué ocurre cuando se reincide con una pena ya suspendida. Las condiciones de las suspensiones pasan siempre por el llamado “plazo de suspensión”, plazo en el que no se podrán cometer nuevos delitos, en cuyo caso se hará efectivo el cumplimiento de la pena privativa de libertad.

Artículo 81.

El plazo de suspensión será de dos a cinco años para las penas privativas de libertad no superiores a dos años, y de tres meses a un año para las penas leves, y se fijará por el juez o tribunal, atendidos los criterios expresados en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 80. En el caso de que la suspensión hubiera sido acordada de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo anterior, el plazo de suspensión será de tres a cinco años.

Para estos casos, además de la aplicación de la agravante ya explicada, tendremos como probable la revocación de la suspensión, con el necesario cumplimiento de ambas penas privativas de libertad.

Conclusiones

Desde una perspectiva eminentemente forense, puede concluirse que el penado que no cumple la prisión en cierto sentido consigue eludir la principal consecuencia de la acción de la justicia. Expuesto lo anterior, puede contemplarse cómo los mecanismos de suspensión de la pena acaban excluyendo a la mayoría de supuestos de reincidencia. Estando pensada la suspensión para aquellos casos en los que el cumplimiento de la pena sea más negativo que dejar al penado en libertad, se ve contemplado cómo el límite de los 2 años de prisión actúa de barrera para esos casos en los que, aun habiéndose cometido delitos menos graves, a la que entra en juego una agravante como la estudiada, se excluye definitivamente la suspensión. No debe perderse de vista que tras la fase de enjuiciamiento y con la sentencia firme, la ejecución juega un papel fundamental.

Mario Neupavert Alzola

CEO de En Tela de Juicio y Socio en Podium Abogados. Es Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera y Doctorando en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad de Cádiz. Allí cursó el Grado en Derecho, Máster en Abogacía y Máster en Sistema Penal y Criminalidad.

Puntuación: 1 de 5.

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