La intervención privada del enfermo dual en prisión

PATOLOGÍA DUAL

Hoy en día, el concepto de patología dual suele ser poco conocido. Sin embargo, ya desde principios de los años ochenta, comenzaron a presentarse los primeros casos patológicos duales. Nos referimos a esta patología cuando, de manera concurrente, el individuo presente un trastorno por consumo de sustancias y otro trastorno psíquico.

En la actualidad, el consumo es un fenómeno con bastante frecuencia, dando lugar a que el uso se propicie cada vez más entre los jóvenes, de esta forma son más propensos a padecer los trastornos mentales correspondientes o ingresar en prisión por sus actitudes.

INTERVENCIÓN PRIVADA

En 2019, llevamos a cabo una investigación con el objetivo de conocer el tratamiento por parte de las instituciones privadas hacia los enfermos duales, reclusos o ex reclusos. Dentro este sector, nos podemos encontrar con las asociaciones, que pueden convertirse en el tejido asociativo más relevante para dar respuesta a los fallos y debilidades de las administraciones públicas. Esta investigación contó con una muestra de 76 asociaciones y fundaciones nacionales, recopilando los siguientes datos:

  • En primer lugar, la intervención de las asociaciones se puede llevar a cabo tanto dentro como fuera del establecimiento penitenciario. Únicamente, el 59,2% de estas actúan tanto dentro como fuera; el 27,6% intercede sólo fuera; el 11,8% lo hace solamente dentro del centro; el 0,4% no sabe o no contesta. Igualmente, pudimos observar que sólo el 30% de las entidades cuentan con Centros de Día o CTAs; el 38% de las mismas disponen de viviendas tuteladas o Centros de acogida; y sólo el 8% cuenta con Comunidades Terapéuticas. El resto interviene exclusivamente mediante programas específicos referentes a las diferentes poblaciones.
  • Con respecto a la población destinada, el 54% de las asociaciones intervienen con población drogodependiente; el 1,3% dirigido a enfermos mentales; el 4% solamente a alcohólicos; el 19,4% destinado a enfermos mentales y drogodependientes y el 2,6% a enfermos mentales y alcohólicos. Además, tuvimos en cuenta el resto de entidades que hacen referencia a poblaciones con riesgo de exclusión social, menores, afectados por el VIH o marginados, incluyendo en algunos casos de drogodependencia o enfermos mentales, que serían el 43% del total.
  • Igualmente, pudimos comprobar que la figura más representativa, dentro de las entidades, es la del trabajador social, aunque no se aleja mucho la figura del psicólogo. El 76% de las asociaciones cuentan con trabajadores sociales, el 72% con psicólogo y el 56% con educadores sociales. También, acreditamos otras figuras como monitores, abogados o sanitarios. Por último, haciendo referencia a los voluntarios, sólo tres asociaciones no cuentan con voluntariado, sino que son los mismos ex reclusos o ex drogodependientes quienes llevan a cabo las intervenciones.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Gran parte de estas instituciones proporcionan algún tipo de ayuda residencial al recluso o ex recluso drogodependiente. Sin embargo, solamente seis asociaciones disponen de comunidades terapéuticas. Entonces, se debería incrementar el uso de este recurso terapéutico para poder llevar a cabo una mejora en la intervención. En España, existen clínicas y centros de rehabilitación privados de pago que utilizan este recurso. Esto es un gran inconveniente para el recluso o ex-recluso, ya que podrían no tener la economía necesaria para ello. Nuestra propuesta sería que se invirtiera más en estas comunidades y, así, poder aportarle al usuario un tratamiento integral adecuado. Por otra parte, queremos hacer referencia a las entidades que actúan tanto dentro como fuera de prisión. De cara a la eficacia, puede ser la mejor opción, debido a que, una vez que se interviene dentro con él, sigue una evaluación proporcionada por los facultativos. Este seguimiento puede llevar un tiempo, pudiendo generarse un círculo de confianza entre el interno con la entidad, lo que supondría un mejor comportamiento por su parte y más motivación para realizar las terapias y/o actividades.

De esta manera, en el momento de poder salir de permiso, este interno sí va a contar con la entidad, que podrá facilitarle la ayuda necesaria, y va a poder llevar a cabo una mejora de reinserción.

Asimismo, hemos podido acreditar que existen asociaciones que tratan de forma específica determinadas necesidades especiales (enfermo mental, alcohólico y enfermo mental + alcohólico). Respecto al enfermo dual, son pocas las asociaciones que tienen la sensibilidad de trabajar este problema en conjunto. Esto puede conllevar una desventaja a estas, debido a que, si de por sí no cuentan con suficientes centros penitenciarios especializados para su intervención, tampoco podrán contar con demasiadas entidades idóneas, en las diferentes CCAA, para seguir un tratamiento específico y lograr su objetivo. Por lo tanto, es necesario trabajar en esta línea y así, facilitar al enfermo dual una intervención más adecuada a su situación.

Además, hemos comprobado que la intervención privada no cuenta con la figura del criminólogo. Podría llegar a convertirse en un inconveniente de cara al futuro, ya que, gracias a su formación, lograría ser una gran ventaja para las entidades, debido a que este podría aportar una visión más jurídica y psicológica, puesta en común con los demás profesionales para tratar el cronograma de trabajo con el usuario. Por ejemplo, en el caso de crear perfiles específicos de drogodependencia y poder relacionarlos con la reincidencia. De esta manera, podría generarse intervenciones y tratamientos más concretos para el usuario. Con ello, lograríamos un descenso de la criminalidad en casos de drogodependencia y un incremento de reinserción.

Rocío Torres Marchán

Criminóloga. Graduada en Criminología y Seguridad con mención en Seguridad por la Universidad de Cádiz. Máster en Sistema Penal y Criminalidad con mención en Prevención e Intervención por la Universidad de Cádiz.
Opositora a Policía Nacional.

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